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Eco, Martini y el aborto en México

La Bandera de la Vida ,
cuando ondea en el aire,
conmueve a todas las almas”.
Umberto Eco
[En qué Creen los que no Creen, 1997].

Soy madre. Me es difícil imaginar bajo qué circunstancias una mujer podría adoptar una decisión tan dramática como abortar. Tampoco puedo imaginar mi vida privada del amor incondicional de mi hija.

Pero al ver que más de la mitad de los estados de mi país, México, penalizan el aborto y por al menos uno lo considera un asunto penal aun cuando ocurra desde el momento mismo de la concepción, me preocupo.

No puedo aceptar, ni tolerar que existan leyes de aplicación exclusiva a cierto grupo, o peor aún que estas leyes de hecho dividan a la gente por género.

Se supone que en una democracia, las leyes son de aplicación general. Pero una ley anti-aborto per-se afecta directamente a las mujeres, ya que somos precisamente “nosotras” las felizmente beneficiadas con un útero.  Esta diferencia biológica se ha aprovechado para hacernos vulnerables y muchas veces víctimas del bastión favorito de la misoginia: el Derecho a la Vida.

Cuando pienso en este tipo de leyes que utilizan “valores supremos” como banderas para ganarse simpatizantes y al mismo tiempo persiguen el aniquilamiento de libertades y derechos de un grupo específico, empiezan a surgir en mi cabeza referentes como: Alemania durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos,  el Apartheid contra los sudafricanos no blancos.  En algunos países sobre todo musulmanes, entre otros derechos negados a la mujeres se encuentra el derecho de elección.

En una bello intercambio epistolar realizado entre marzo de 1995 y enero de 1996, entre Umberto Eco y el entonces Cardenal de Milán, Carlo María Martini, se establece un debate sobre distintos temas “críticos” tradicionalmente antagónicos entre el mundo laico y el mundo religioso. Uno de ellos es el aborto.

Umberto Eco abre el debate con una muy apropiada aclaración:

…..a mi no se me ha sucedido jamás aconsejarle el aborto o aceptar su voluntad de abortar a una mujer que se declara embarazada a causa de mi colaboración. Si me hubiera sucedido alguna vez, habría hecho todo por persuadirla para dar vida a esa criatura, sin importar el precio que juntos hubiéramos tenido que pagar. Y es así que considero que el nacimiento de un niño es una cosa maravillosa, un milagro natural que se debe aceptar. Y sin embargo, no me sentiría capaz de imponer mi posición ética (esta disposición pasional mía, esta persuasión intelectual mía a cualquiera).

Y más adelante agrega un fragmento que personalmente considero podría establecer un balance en cualquier debate, por aguerrido que fuera:

Me parece que existen momentos terribles, de los que todos nosotros sabemos poquísimo (por lo que me abstengo de hacer ninguna tipología o casuística), en los que una mujer tiene derecho a tomar una decisión autónoma que concierne a su cuerpo, sus sentimientos y su futuro.

El Estado penaliza el acto de “interrumpir una vida” pero ¿qué hace el Estado para garantizar que la madre reciba el debido apoyo cuando por cualquier razón, no se encuentra en posibilidades ya sea físicas, económicas, psicológicas o incluso emocionales de educar a este futuro ser humano? ¿Cómo se asegura el Estado que este nuevo ser reciba el mismo amor y oportunidades que otros nacidos en circunstancias “ideales”? ¿De qué manera va a garantizar el Estado que esa mujer a quien le prohíbe realizar un acto que ella misma considera para su propio beneficio, reciba la debida atención medica para su cuidado prenatal, y durante el parto y postparto?

El Estado penaliza el aborto con una mano, y con la otra (la que esconde), permite que las empresas exijan pruebas de embarazo y con esa misma prueba, de resultar positiva, se le cierran a la mujer las puertas de ese empleo que pudiese permitirles subsistir a ella y su bebe, negándoseles asimismo la atención medica tan necesaria en estos casos.

¿Por qué no crear o aplicar leyes que castiguen a las empresas que solicitan el examen de embarazo a las mujeres? ¿Por qué no crear o aplicar leyes que obliguen al IMSS prestar atención medica a mujeres embarazadas desempleadas, sin trámites engorrosos, y largas esperas?

Si en verdad nuestro propósito es ser un país de “altos valores morales”, como presumimos cada vez que queremos aprobar una ley que afecta a una “minoría”, ¿no sería más moral cerrar los “teibols”, prostíbulos disfrazados de centros de masaje, casinos disfrazados de juegos de números para que quepan en la legislación actual, aplicar leyes severas a pederastas  y sus cómplices, en lugar de permitirles seguir gobernando un Estado.

Dice el cardenal jesuita Carlo María Martini, en respuesta a Umberto Eco:

(dentro de)… “esos puntos de los que nacen incomprensiones profundas que se traducen en conflictos en el plano político y social, el tema de la Vida, es ciertamente uno de estos puntos críticos de conflicto, en particular en lo que respecta a la legislación sobre la interrupción del embarazo. Los conflictos son siempre terrenos infieles.

Resulta absurdo penalizar algo sobre la base de un concepto que no es ni universal ni claro para todos ( a veces pienso seriamente que ni para quien redactó la ley). El concepto de vida, así como la definición de en qué etapa del desarrollo de un embrión se debe aplicar, es un grave problema no únicamente legal o civil, sino sobre todo moral y religioso. La siguiente explicación de Carlo María Martini, denota un pensamiento religioso progresista que antepone lo humano a cualquier otro elemento que pudiera considerarse antes de prohibir o permitir un acto determinado:

No quisiera recurrir aquí  a un llamado genérico sobre el “derecho a la vida” que puede resultar frío e impersonal. Se trata de una responsabilidad concreta hacia quien es el resultado de un amor grande y personal y, por lo tanto, de responsabilidad hacia “alguien”. En cuanto que es llamado y amado, este alguien tiene ya rostro, es objeto de cuidado y afecto.  Toda la violación de esta exigencia de afecto y de cuidado  no puede ser vivida más que como conflicto, en un sufrimiento profundo y en una laceración dolorosa. Lo que decimos es que es necesario hacer todo para que este conflicto no ocurra, para que esta laceración no se produzca. Son heridas que cicatrizan difícilmente, quizá nunca. Quien lleva las huellas es sobre todo la mujer, la primera a quien se le confió, con confianza, lo más débil y lo más noble que existe en este mundo.

Y mas adelante, el Cardenal agrega esta importante noción:

Si aquí se encuentra el problema ético y humano, el consecuente problema civil será: ¿cómo ayudar a las personas y a las sociedad entera  a evitar lo mas posible estas laceraciones? ¿cómo apoyar a quien se encuentra en un aparente o real conflicto de deberes, para que no sea aplastado?

Es una verdadera pena que nuestros políticos no lean, porque en verdad dar lectura a un debate con este nivel de intelecto y cordialidad, me pone al punto de las lágrimas cuando comparo con lo que veo en el Canal del Congreso.

Quiero preguntarles a estos legisladores que propusieron y después aprobaron las leyes antiaborto vigentes en nuestro país:  ¿de qué sirve defender la “vida” de un embrión, cuando no pueden defender a un país de la pobreza y el atraso social? ¿A poco se creen eso de que “el niño trae la torta bajo el brazo”? Si, nomás hay que darse una vueltecita por las calles de sus distritos electorales, ya que hayan dado de cenar y acostado a sus hijos, a buena hora para que al día siguiente vayan a la escuela. A esa misma hora en la que sus hijos duermen, otros cientos de miles de niños en este país están en la calle, luchando por la torta prometida, al lado de sus madres, y por cierto muy pocas veces se ve el padre.

¿Dónde esta la igualdad de derechos y obligaciones? ¿En qué momento perdimos nuestra humanidad?

No veo una circunstancia que hubiera podido obligarme a tomar la decisión de interrumpir un embarazo, por mi educación, mi cultura y mis medios; pero puedo ver la necesidad, muchas veces imperiosa en otras personas, en otras mujeres, de contar con una salida, una oportunidad, una sola puerta que pudieran cerrar para dejar atrás un error, un pasado de abusos o cualquier circunstancia que les impida encontrar la libertad de vivir mejor.

Los invito señoras y señores legisladores, a empezar a ver “al otro” que vive en condiciones muy distintas a las suyas y a quien sus acciones como representantes de nuestro voto, repercuten de maneras insospechadas y a veces hasta canallas.

Cierro citando textualmente a la Dra. Esther Cohen, quien realizó la maravillosa traducción de estas cartas intercambiadas entre Umberto Eco y Carlo Maria Martini, y autora del texto erudito que compone el prólogo de dicha obra(*):

Es el malestar de este siglo (XX) que no ha sabido aceptar al otro como la diferencia de cultura, de credo, de opción de vida, el que habla a través de sus filósofos, sus escritores y sus científicos; es este malestar el que nos conduce nuevamente a poner en el centro de la reflexión crítica la responsable necesidad de ser responsable.


Nota:

(*) ¿En que creen los que no creen?, Umberto Eco y Carlo Maria Martini. Editorial Taurus, 1997.

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En SLP, cárcel y multa a mujeres que aborten

Edith Argüelles
Corresponsal

San Luis Potosí, SLP, 21 de mayo. A partir de ahora, a toda mujer que aborte en San Luis Potosí se le impondrá una sentencia de uno a tres años en prisión y multa de 20 a 60 días de salario mínimo, al igual quea quienes la ayuden a interrumpir el embarazo.

El Congreso local aprobó esta resolución con el voto mayoritario de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) y de algunos diputados de oposición.

Con 21 votos a favor y cuatro en contra, los legisladores reformaron el artículo 16 de la Constitución local, que ahora estipula: El estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que se respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción.

Los cambios respetan los casos de excepción previstos en el artículo 130 del Código Penal del estado (acción culposa de la mujer, violación o inseminación indebida o peligro de muerte para la embarazada).

Los panistas argumentaron que existen razones científicas, filosóficas, jurídicas, de salud pública y geopolíticas que sustentan esta reforma, que además es compatible con la idiosincrasia y los valores del pueblo potosino.

¿Quiénes son los panistas para venir a decirle a las mujeres cuándo tienen derecho a abortar? ¿Quiénes son para pretender administrar la vagina y la matriz de una mujer?, preguntó en tribuna Guadalupe Almaguer Pardo, diputada disidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero sólo la secundaron dos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes votaron en contra. El resto, incluidos los perredistas, apoyó al PAN.

Almaguer Pardo aseguró que los panistas impidieron que el tema se discutiera entre la sociedad potosina. La iniciativa fue presentada en diciembre por el panista Vicente Toledo Álvarez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pero apenas la noche del martes los diputados acordaron en comisiones que la reforma pasara a votación en la sesión de este jueves, sin debate previo.

Ni siquiera dieron tiempo para que grupos de mujeres activistas se organizaran, señaló Teresa de Jesús Mendoza Rivera, dirigente del Partido Social Demócrata, quien se manifestó con un grupo de inconformes durante la sesión.

Antes de que comenzara la sesión llegaron decenas de representantes de organizaciones conservadoras, entre ellas Provida, con pancartas azules, para contrarrestar posibles manifestaciones de opositores al proyecto.

También llegaron panistas, entre ellos el dirigente estatal, Héctor Mendizábal Pérez, quien cabildeó la reforma con el priísta Adolfo Micalco Méndez.

Francisco Javier Salazar Sáenz, ex secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, estuvo en primera fila y opinó que se trata de un momento histórico en el cual un principio de doctrina del PAN se convierte en ley. No se puede justificar de ninguna manera matar un niño, dijo.

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La cruzada antiaborto

José Woldenberg
14 May. 09

El 8 de mayo el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma a su Constitución en la cual se establece que “persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural; y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”. Antes habían aprobado reformas similares Baja California, Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora. E iniciativas parecidas se encuentran para su dictamen en comisiones en Aguascalientes, México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Un alud de respuestas a la despenalización del aborto aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y confirmada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata de consagrar fórmulas aparentemente solidarias y pertinentes ya que buscan proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación. En Oaxaca, si prospera la iniciativa presentada, ahora el óvulo fecundado será considerado textualmente “un menor de edad”, y en Sonora, “desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales…”. De lógica luego hablamos.

Digo que aparentemente, porque en todos esos congresos la mayoría hizo a un lado los argumentos científicos, los razonamientos de la Corte, los dilemas morales, los derechos de las mujeres y pretenden “resolver” un problema de salud por la vía penal. De tal suerte que la beatería que no pueden esconder esas reformas causará más daños y perjuicios que la despenalización de un recurso al que las mujeres recurren desde tiempos inmemoriales.

La ciencia. Equiparar un óvulo fecundado a un menor de edad, un cigoto a una persona, no tiene ninguna base científica (ni lógica). Cito al doctor Ricardo Tapia: “no hay nada no biológico, sobrenatural o espiritual en el genoma humano y por lo tanto no hay razones científicas para considerar que un cigoto, un blastocisto, o aun un embrión de 12, 14 o 20 semanas, tiene dignidad humana y es una persona, aunque posea el genoma humano completo”. (”La formación del ser humano, el cerebro y el aborto”, en Nexos, abril de 2008).

La Corte. No sólo la resolución de la Corte y la mayoría de las intervenciones de los ministros establecieron con claridad que la despenalización del aborto es constitucional, sino que además para ejercer derechos se requiere que el “sujeto esté determinado” (que sea una persona nacida) (Valls Hernández), que “el embarazo forzado es una forma de esclavitud” (Góngora Pimentel), que en todo caso “los derechos deben ponderarse (Franco González), y no suprimir el de las mujeres”, y “que imponerle a la mujer que su embarazo llegue a término (contra su voluntad) afectará definitiva y permanentemente sus derechos, pues se alterarán su vida familiar, laboral, educativa, profesional y social… la vida en su integridad” (Sánchez Cordero) (GIRE).

La moral. Sabemos que en toda interrupción de un embarazo existe un dilema moral. Pero incumbe sólo a las mujeres resolverlo. Ni las iglesias ni las leyes ni el Estado ni la familia deberían condenar y perseguir a la mujer que decidiera abortar durante las primeras semanas de su embarazo. Cuando se despenaliza ese difícil expediente ninguna mujer está obligada a interrumpir su embarazo (puede o no hacerlo), mientras que cuando se penaliza a todas se les cancela una opción. Quienes militan contra la despenalización suelen no comprender los dilemas morales (propios e intransferibles), y quieren “zanjar” el tema con normas generales y ciegas.

Los derechos de las mujeres. No se le debe imponer a ninguna mujer un embarazo no deseado. Un derecho elemental y fundamental es el de decidir tener o no un hijo. Si algo distingue a los hombres de los animales es precisamente esa capacidad de trascender el “imperio de la naturaleza” y dotarse de mecanismos que amplían sus posibilidades de opción. La interrupción legal del embarazo es uno de esos derechos de corte liberal que construye diques a la intervención del Estado.

La penalización. Los abortos seguirán dándose. Se trata de un problema cuya dimensión fundamental es la de la salud de las mujeres, que al verse privadas de la atención profesional necesaria y eficiente acudirán a fórmulas antihigiénicas, clandestinas y altamente peligrosas. De tal suerte que el frenesí de los legisladores antiaborto derivará en más muertes de mujeres inocentes.

Hay que repetirlo: el aborto no es una medida anticonceptiva, sino una última y difícil opción. Como país requerimos que los jóvenes reciban información suficiente y clara sobre los métodos anticonceptivos y que los mismos se encuentren a su alcance. Ésa es la mejor vía para prevenir embarazos no queridos. Pero ante la eventualidad (no deseada) de un aborto, el Estado debe respetar la decisión de la mujer y prestarle la atención médica necesaria. Eso ya sucede en el Distrito Federal con muy aceptables resultados.

Leer el artículo original en Diario Reforma

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