La Bandera de la Vida ,
cuando ondea en el aire,
conmueve a todas las almas”.
Umberto Eco
[En qué Creen los que no Creen, 1997].

Soy madre. Me es difícil imaginar bajo qué circunstancias una mujer podría adoptar una decisión tan dramática como abortar. Tampoco puedo imaginar mi vida privada del amor incondicional de mi hija.

Pero al ver que más de la mitad de los estados de mi país, México, penalizan el aborto y por al menos uno lo considera un asunto penal aun cuando ocurra desde el momento mismo de la concepción, me preocupo.

No puedo aceptar, ni tolerar que existan leyes de aplicación exclusiva a cierto grupo, o peor aún que estas leyes de hecho dividan a la gente por género.

Se supone que en una democracia, las leyes son de aplicación general. Pero una ley anti-aborto per-se afecta directamente a las mujeres, ya que somos precisamente “nosotras” las felizmente beneficiadas con un útero.  Esta diferencia biológica se ha aprovechado para hacernos vulnerables y muchas veces víctimas del bastión favorito de la misoginia: el Derecho a la Vida.

Cuando pienso en este tipo de leyes que utilizan “valores supremos” como banderas para ganarse simpatizantes y al mismo tiempo persiguen el aniquilamiento de libertades y derechos de un grupo específico, empiezan a surgir en mi cabeza referentes como: Alemania durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos,  el Apartheid contra los sudafricanos no blancos.  En algunos países sobre todo musulmanes, entre otros derechos negados a la mujeres se encuentra el derecho de elección.

En una bello intercambio epistolar realizado entre marzo de 1995 y enero de 1996, entre Umberto Eco y el entonces Cardenal de Milán, Carlo María Martini, se establece un debate sobre distintos temas “críticos” tradicionalmente antagónicos entre el mundo laico y el mundo religioso. Uno de ellos es el aborto.

Umberto Eco abre el debate con una muy apropiada aclaración:

…..a mi no se me ha sucedido jamás aconsejarle el aborto o aceptar su voluntad de abortar a una mujer que se declara embarazada a causa de mi colaboración. Si me hubiera sucedido alguna vez, habría hecho todo por persuadirla para dar vida a esa criatura, sin importar el precio que juntos hubiéramos tenido que pagar. Y es así que considero que el nacimiento de un niño es una cosa maravillosa, un milagro natural que se debe aceptar. Y sin embargo, no me sentiría capaz de imponer mi posición ética (esta disposición pasional mía, esta persuasión intelectual mía a cualquiera).

Y más adelante agrega un fragmento que personalmente considero podría establecer un balance en cualquier debate, por aguerrido que fuera:

Me parece que existen momentos terribles, de los que todos nosotros sabemos poquísimo (por lo que me abstengo de hacer ninguna tipología o casuística), en los que una mujer tiene derecho a tomar una decisión autónoma que concierne a su cuerpo, sus sentimientos y su futuro.

El Estado penaliza el acto de “interrumpir una vida” pero ¿qué hace el Estado para garantizar que la madre reciba el debido apoyo cuando por cualquier razón, no se encuentra en posibilidades ya sea físicas, económicas, psicológicas o incluso emocionales de educar a este futuro ser humano? ¿Cómo se asegura el Estado que este nuevo ser reciba el mismo amor y oportunidades que otros nacidos en circunstancias “ideales”? ¿De qué manera va a garantizar el Estado que esa mujer a quien le prohíbe realizar un acto que ella misma considera para su propio beneficio, reciba la debida atención medica para su cuidado prenatal, y durante el parto y postparto?

El Estado penaliza el aborto con una mano, y con la otra (la que esconde), permite que las empresas exijan pruebas de embarazo y con esa misma prueba, de resultar positiva, se le cierran a la mujer las puertas de ese empleo que pudiese permitirles subsistir a ella y su bebe, negándoseles asimismo la atención medica tan necesaria en estos casos.

¿Por qué no crear o aplicar leyes que castiguen a las empresas que solicitan el examen de embarazo a las mujeres? ¿Por qué no crear o aplicar leyes que obliguen al IMSS prestar atención medica a mujeres embarazadas desempleadas, sin trámites engorrosos, y largas esperas?

Si en verdad nuestro propósito es ser un país de “altos valores morales”, como presumimos cada vez que queremos aprobar una ley que afecta a una “minoría”, ¿no sería más moral cerrar los “teibols”, prostíbulos disfrazados de centros de masaje, casinos disfrazados de juegos de números para que quepan en la legislación actual, aplicar leyes severas a pederastas  y sus cómplices, en lugar de permitirles seguir gobernando un Estado.

Dice el cardenal jesuita Carlo María Martini, en respuesta a Umberto Eco:

(dentro de)… “esos puntos de los que nacen incomprensiones profundas que se traducen en conflictos en el plano político y social, el tema de la Vida, es ciertamente uno de estos puntos críticos de conflicto, en particular en lo que respecta a la legislación sobre la interrupción del embarazo. Los conflictos son siempre terrenos infieles.

Resulta absurdo penalizar algo sobre la base de un concepto que no es ni universal ni claro para todos ( a veces pienso seriamente que ni para quien redactó la ley). El concepto de vida, así como la definición de en qué etapa del desarrollo de un embrión se debe aplicar, es un grave problema no únicamente legal o civil, sino sobre todo moral y religioso. La siguiente explicación de Carlo María Martini, denota un pensamiento religioso progresista que antepone lo humano a cualquier otro elemento que pudiera considerarse antes de prohibir o permitir un acto determinado:

No quisiera recurrir aquí  a un llamado genérico sobre el “derecho a la vida” que puede resultar frío e impersonal. Se trata de una responsabilidad concreta hacia quien es el resultado de un amor grande y personal y, por lo tanto, de responsabilidad hacia “alguien”. En cuanto que es llamado y amado, este alguien tiene ya rostro, es objeto de cuidado y afecto.  Toda la violación de esta exigencia de afecto y de cuidado  no puede ser vivida más que como conflicto, en un sufrimiento profundo y en una laceración dolorosa. Lo que decimos es que es necesario hacer todo para que este conflicto no ocurra, para que esta laceración no se produzca. Son heridas que cicatrizan difícilmente, quizá nunca. Quien lleva las huellas es sobre todo la mujer, la primera a quien se le confió, con confianza, lo más débil y lo más noble que existe en este mundo.

Y mas adelante, el Cardenal agrega esta importante noción:

Si aquí se encuentra el problema ético y humano, el consecuente problema civil será: ¿cómo ayudar a las personas y a las sociedad entera  a evitar lo mas posible estas laceraciones? ¿cómo apoyar a quien se encuentra en un aparente o real conflicto de deberes, para que no sea aplastado?

Es una verdadera pena que nuestros políticos no lean, porque en verdad dar lectura a un debate con este nivel de intelecto y cordialidad, me pone al punto de las lágrimas cuando comparo con lo que veo en el Canal del Congreso.

Quiero preguntarles a estos legisladores que propusieron y después aprobaron las leyes antiaborto vigentes en nuestro país:  ¿de qué sirve defender la “vida” de un embrión, cuando no pueden defender a un país de la pobreza y el atraso social? ¿A poco se creen eso de que “el niño trae la torta bajo el brazo”? Si, nomás hay que darse una vueltecita por las calles de sus distritos electorales, ya que hayan dado de cenar y acostado a sus hijos, a buena hora para que al día siguiente vayan a la escuela. A esa misma hora en la que sus hijos duermen, otros cientos de miles de niños en este país están en la calle, luchando por la torta prometida, al lado de sus madres, y por cierto muy pocas veces se ve el padre.

¿Dónde esta la igualdad de derechos y obligaciones? ¿En qué momento perdimos nuestra humanidad?

No veo una circunstancia que hubiera podido obligarme a tomar la decisión de interrumpir un embarazo, por mi educación, mi cultura y mis medios; pero puedo ver la necesidad, muchas veces imperiosa en otras personas, en otras mujeres, de contar con una salida, una oportunidad, una sola puerta que pudieran cerrar para dejar atrás un error, un pasado de abusos o cualquier circunstancia que les impida encontrar la libertad de vivir mejor.

Los invito señoras y señores legisladores, a empezar a ver “al otro” que vive en condiciones muy distintas a las suyas y a quien sus acciones como representantes de nuestro voto, repercuten de maneras insospechadas y a veces hasta canallas.

Cierro citando textualmente a la Dra. Esther Cohen, quien realizó la maravillosa traducción de estas cartas intercambiadas entre Umberto Eco y Carlo Maria Martini, y autora del texto erudito que compone el prólogo de dicha obra(*):

Es el malestar de este siglo (XX) que no ha sabido aceptar al otro como la diferencia de cultura, de credo, de opción de vida, el que habla a través de sus filósofos, sus escritores y sus científicos; es este malestar el que nos conduce nuevamente a poner en el centro de la reflexión crítica la responsable necesidad de ser responsable.

Nota:

(*) ¿En que creen los que no creen?, Umberto Eco y Carlo Maria Martini. Editorial Taurus, 1997.

Con la aprobación de la Ley Antiaborto, está en entredicho la voluntad y la decisión, que son la expresión de la libertad, pues de concretarse, esta medida significa un retroceso para los derechos humanos de las mujeres, opinó la comunicadora Gabriela Dávila Madrid Hernández, durante una manifestación en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.
Decenas de mujeres pintaron sus manos en una manta en apoyo para que a las mujeres que decidan recurrir al aborto por alguna circunstancia ajena a su voluntad no se les criminalice.
La comunicadora señaló que de no informarse a la población “ésta ley pasaría de noche, sería un atentado a todo principio de libertad”.
Asimismo, Gabriela Dávila dijo que la intención de aprobar una Ley Antiaborto representa “un atropello hacia la libertad y las mujeres”.
Madrid Hernández, quien ayuna desde hace tres días en oposición a la aprobación de esta ley, indicó que es necesario tomar en cuenta la libertad de las mujeres a decidir si desean o no interrumpir el embarazo.
No obstante, se pronunció en contra de la penalización del aborto, pues considera que de aprobarse esta medida “no sólo se criminaliza a las mujeres, sino se exculpa de su propia responsabilidad a los hombres”, quienes en algunos casos no aceptan la paternidad.
Por su parte, Rossana Inés Castellanos Oliveros se pronunció en contra de la ley que penalizar el aborto, la cual podría discutirse este sábado en sesión del Congreso, pues considera que se ha politizado el tema y es injusto que las mujeres sean denunciadas y criminalizadas por decidir respecto a la interrupción del embarazo.
“Nadie está a favor del aborto, nadie quiere abortar, sin embargo, hay algunas circunstancias que orillan a ello” y en caso de ser penalizado las mujeres recurrirán a un aborto clandestino que pone en riesgo su propia vida.

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Para el diputado por Convergencia, Alfredo Tress Jiménez, la reforma al artículo 150 del Código Penal, aprobada por el PRI y el PAN, “es letra muerta”, ya que no existen mecanismos y recursos para su aplicación, tal y como sucede con los juicios orales y la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

Luego que las bancadas del PRI y del PAN aprobaron esa reforma la noche del martes, que se desarrollo en un ambiente de confrontación entre grupos conservadores y feministas, el legislador consideró que con esta medida, “solo se remendaron las cosas y no se realizó una reforma contundente”.

En este caso, subrayó, “es una ley muerta”, al igual que ha ocurrido con las reformas aprobadas para los juicios orales y la aprobación de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, “pues la verdad es que solo dejan las cosas parchadas“.

En la sesión nocturna del martes pasado, priístas y panistas aprobaron reformar el artículo 150 del código penal, donde quedó establecido que la mujer que aborte recibirá “tratamiento médico integral”, que incluye atención psicológica y apoyo educativo a cambio de la pena de cárcel, “pero si reincide será encarcelada”.

Reforma sólo recategoriza a trato vejatorio

A ello, la coordinadora del grupo legislativo del PRD, Margarita Guillaumín, reiteró su rechazo a la Ley Antiaborto, aprobada por el PRI y el PAN, y calificó como una “estupidez” que ahora se pretenda sancionar a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, “con un tratamiento psicológico“.

En la sesión legislativa que se llevó a cabo la noche del martes, se aprobaron también reformas al Código Penal del Estado, donde se establece cárcel hasta por 7 años a mujeres que recurran al aborto por segunda ocasión y a los médicos que lo practiquen.

En este sentido, la perredista calificó como “equis” la reforma aprobada, ya que sólo recategoriza la sanción aplicada a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, ya que ahora no se les dará un trato de criminales, “sino de locas perturbadas“.

Al igual que la priísta Dalia Pérez criticó la iniciativa durante el debate de la noche del martes, la perredista subrayó que dicha reforma está mal hecha, “pues ni siquiera dice en qué va a consistir, ni durante qué tiempo se dará el tratamiento, no da certidumbre ni certeza jurídica“.

Como la reforma a la ley penal del estado no da certeza jurídica en este sentido, acotó, “la mujer podría estar en tratamiento toda su vida, por eso quienes nos opusimos a dichas reformas decimos y reiteramos que es una estupidez”.

Tress Jiménez cuestionó la postura de las priístas Elvia Ruiz, Marilda Rodríguez, Bernardina Tequiliquihua, Ángela Pereda y la panista María de los Ángeles Sahagún y lamentó que siendo un tema que concierne a la mujer “no se haya tomado en cuenta la opinión de los más de 3 millones y medio de veracruzana”,

El legislador por Convergencia, refirió que cuando en el Congreso se han aprobado leyes tocantes a las mujeres, las legisladoras se han subido a la tribuna a “desagarrarse las vestiduras”, sin embargo, “hoy guardaron silencio, lo cual es lamentable esa complicidad entre el PRI y el PAN“.

A los grupos mayoritarios en el Congreso, subrayó, “solo les importa el poder y estar bien con los hombres en el poder, no les importa la salud pública ni las mujeres veracruzanas”, cuyos derechos universales no salieron a defender desde la tribuna legislativa.

Tress Jiménez, subrayó que a pesar de que este es un tema polémico, en este caso, “esta inmiscuida la jerarquía católica” y, por ello, no es extraño que el PAN se ponga a su servicio, pero en el caso del PRI, “ahora se comportaron como cómplices”.

El legislador aseguró que Convergencia, no está en contra de la vida, sino de respetar la libre decisión de la mujer en este asunto, y para ello, habría que imitar a países como España, Alemania, Francia y Portugal, “donde se hicieron consultas y la mujer dijo como quería que se aprobara la ley en la materia”.

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En imagen de archivo, un grupo de jóvenes protesta fuera del Congreso de Puebla en marzo, cuando se aprobó la ley que endurece las penas contra el aborto voluntario Foto Rafael García Otero, La Jornada

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició un proceso penal contra una joven de 20 años que abortó. Este es el primer proceso de esta naturaleza después de que el Congreso del estado aprobó, en marzo, reformas a la Constitución estatal para endurecer las penas a la interrupción voluntaria del embarazo.

Organizaciones no gubernamentales que luchan por la legalización del aborto advirtieron que se ha desatado una persecución contra las mujeres que ejercen sus derechos reproductivos, y anunciaron que apoyarán legalmente a Alejandra Gómez Sánchez, sujeta a la averiguación 61/2009/EH.

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El 8 de mayo el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma a su Constitución en la cual se establece que “persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural; y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”. Antes habían aprobado reformas similares Baja California, Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora. E iniciativas parecidas se encuentran para su dictamen en comisiones en Aguascalientes, México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Un alud de respuestas a la despenalización del aborto aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y confirmada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata de consagrar fórmulas aparentemente solidarias y pertinentes ya que buscan proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación. En Oaxaca, si prospera la iniciativa presentada, ahora el óvulo fecundado será considerado textualmente “un menor de edad”, y en Sonora, “desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales…”. De lógica luego hablamos.

Digo que aparentemente, porque en todos esos congresos la mayoría hizo a un lado los argumentos científicos, los razonamientos de la Corte, los dilemas morales, los derechos de las mujeres y pretenden “resolver” un problema de salud por la vía penal. De tal suerte que la beatería que no pueden esconder esas reformas causará más daños y perjuicios que la despenalización de un recurso al que las mujeres recurren desde tiempos inmemoriales.

La ciencia. Equiparar un óvulo fecundado a un menor de edad, un cigoto a una persona, no tiene ninguna base científica (ni lógica). Cito al doctor Ricardo Tapia: “no hay nada no biológico, sobrenatural o espiritual en el genoma humano y por lo tanto no hay razones científicas para considerar que un cigoto, un blastocisto, o aun un embrión de 12, 14 o 20 semanas, tiene dignidad humana y es una persona, aunque posea el genoma humano completo”. (”La formación del ser humano, el cerebro y el aborto”, en Nexos, abril de 2008).

La Corte. No sólo la resolución de la Corte y la mayoría de las intervenciones de los ministros establecieron con claridad que la despenalización del aborto es constitucional, sino que además para ejercer derechos se requiere que el “sujeto esté determinado” (que sea una persona nacida) (Valls Hernández), que “el embarazo forzado es una forma de esclavitud” (Góngora Pimentel), que en todo caso “los derechos deben ponderarse (Franco González), y no suprimir el de las mujeres”, y “que imponerle a la mujer que su embarazo llegue a término (contra su voluntad) afectará definitiva y permanentemente sus derechos, pues se alterarán su vida familiar, laboral, educativa, profesional y social… la vida en su integridad” (Sánchez Cordero) (GIRE).

La moral. Sabemos que en toda interrupción de un embarazo existe un dilema moral. Pero incumbe sólo a las mujeres resolverlo. Ni las iglesias ni las leyes ni el Estado ni la familia deberían condenar y perseguir a la mujer que decidiera abortar durante las primeras semanas de su embarazo. Cuando se despenaliza ese difícil expediente ninguna mujer está obligada a interrumpir su embarazo (puede o no hacerlo), mientras que cuando se penaliza a todas se les cancela una opción. Quienes militan contra la despenalización suelen no comprender los dilemas morales (propios e intransferibles), y quieren “zanjar” el tema con normas generales y ciegas.

Los derechos de las mujeres. No se le debe imponer a ninguna mujer un embarazo no deseado. Un derecho elemental y fundamental es el de decidir tener o no un hijo. Si algo distingue a los hombres de los animales es precisamente esa capacidad de trascender el “imperio de la naturaleza” y dotarse de mecanismos que amplían sus posibilidades de opción. La interrupción legal del embarazo es uno de esos derechos de corte liberal que construye diques a la intervención del Estado.

La penalización. Los abortos seguirán dándose. Se trata de un problema cuya dimensión fundamental es la de la salud de las mujeres, que al verse privadas de la atención profesional necesaria y eficiente acudirán a fórmulas antihigiénicas, clandestinas y altamente peligrosas. De tal suerte que el frenesí de los legisladores antiaborto derivará en más muertes de mujeres inocentes.

Hay que repetirlo: el aborto no es una medida anticonceptiva, sino una última y difícil opción. Como país requerimos que los jóvenes reciban información suficiente y clara sobre los métodos anticonceptivos y que los mismos se encuentren a su alcance. Ésa es la mejor vía para prevenir embarazos no queridos. Pero ante la eventualidad (no deseada) de un aborto, el Estado debe respetar la decisión de la mujer y prestarle la atención médica necesaria. Eso ya sucede en el Distrito Federal con muy aceptables resultados.

Leer el artículo original en Diario Reforma